La institucionalidad en torno a la actividad minera es un factor prioritario para el buen desarrollo de la misma. Igualmente lo es un adecuado clima de negocios, ya que Argentina enfrenta una serie de desafíos económicos que se hace necesario abordar. También, es fundamental la buena inserción territorial de la actividad minera en la comunidad para lograr la aceptación y aprecio mutuo; a esto, le llamamos vocación territorial.

Este pilar analiza los aspectos relativos al marco institucional y legal en torno al desarrollo de la minería, las condiciones del clima de negocios para las empresas mineras y los elementos relevantes para la inserción territorial y el desarrollo de una agenda de acción colectiva de calidad para el sector.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

El Código de Minería de la Nación Argentina tiene rango de ley nacional (N° 1.919), encontrándose por debajo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y por encima de las normas que dictan las provincias.

El código sustancial se sancionó en 1886, y rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Así también, establece el dominio de las minas, las cuales pertenecen al Estado y se les otorgan a los particulares a través del sistema de la Concesión Legal. A lo largo de los años, dicho cuerpo normativo ha sufrido ciertas modificaciones: En el año 1980, con la Ley N° 22.259 que estableció modificaciones al sistema de amparo de las concesiones; en el año 1993, con la Ley N° 24.224 de Reordenamiento Minero y creación del Consejo Federal Minero y en el año 1995, con la Ley N° 24.585 que incorporo una sección de Protección Ambiental para la actividad minera.

El Código de Procedimiento Minero de la provincia de Mendoza fue publicado en el año 1945 (Decreto N° 299-E-1945) y regula las formas en que se otorgan, mantienen o se pierden los derechos mineros, y los de concesionarios y propietarios del suelo, entre otras herramientas jurídicas. Esta norma tiene como principio el impulso procesal de oficio por parte de la Autoridad Minera y la Concesión Provisoria, que en el Código de Minería se menciona como un registro previo a obtener la Concesión. Este último registro tuvo en miras generar una herramienta legal que le permitiera al titular del derecho poder iniciar las actividades mineras antes de obtener la Concesión que normativiza el Código de Minería, es decir, antes de comunicar la Labor Legal, Peticionar y efectuar la diligencia de Mensura.

En la actualidad, se suman requisitos ambientales (Ley N° 24.585; Ley N° 25.675; Ley Provincial N° 5.961, Decreto Provincial N° 820/06, entre otros) y es útil para avanzar en los trabajos de actividad minera una vez que se tenga aprobada y ratificada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La legislación de Mendoza exige que la empresa minera cuente obligatoriamente con la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) antes de iniciar cualquier actividad minera. Para obtener esta aprobación ambiental, se deberá presentar un IIA, y la autoridad de aplicación se expedirá aprobándolo o rechazándolo en forma expresa a través la DIA.

Obtenida la aprobación del IIA para “proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización”, se exige, a través de la Ley Provincial N° 7.722, que dicha aprobación sea ratificada por la Legislatura provincial. Esta misma ley prohíbe también el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en los procesos mineros de minerales metalíferos.

Para incentivar el desarrollo minero, el Gobierno provincial creó Impulsa Mendoza Sostenible S.A., con el fin de administrar y cumplimentar la venta de PRC S.A.U. y actuar como un agente de promoción minera. En marzo de 2024, se presentó un proyecto para un nuevo Código de Procedimiento Minero que reemplace el antiguo Código de 1945, el cual fue recientemente aprobado. El nuevo Código busca agilizar los procedimientos administrativos para facilitar el avance de los proyectos mineros, incentivar la exploración y modernizar los controles.

CLIMA DE NEGOCIOS

Desde el punto de vista del clima de negocios, podemos observar un fuerte deterioro que ha repercutido en el desarrollo de Argentina, en comparación con otros países. Tomando como referencia el periodo 2013-2023, el PBI de Argentina cayó un 1,8%, mientras que países vecinos de la región como Chile y Perú, que también buscan atraer inversiones mineras, registraron crecimientos superiores al 20%, y otras economías más desarrollas que también se dedican a la minería (Canadá, Australia y China) crecieron por encima del 17% (IMF WEP, 2023).

Uno de los principales motores de desarrollo de los países es la inversión, ya que impulsa mayores niveles de productividad, y por lo tanto un desarrollo sostenible con salarios crecientes. Para promocionar la inversión, los países deben ofrecer un marco de estabilidad amplio y un adecuado nivel de competitividad. No es casual de que los menores niveles de crecimiento registrados en Argentina se asocien con menores niveles de inversión, mayores niveles de inflación y riesgo país, menor acceso al crédito, mayores desequilibrios presupuestarios, mayores cargas tributarias y cambios permanentes en las “reglas del juego”. Todo lo anterior resta estabilidad, previsibilidad y competitividad al país.

Además del desequilibrio económico de Argentina, a las empresas mineras que desarrollan las actividades comprendidas en el Código de Minería se les aplica el régimen tributario general con determinados beneficios para los proyectos que adhieran a la Ley Nacional de Inversiones Mineras N° 24.196 (LIM). Esta otorga beneficios tales como: estabilidad fiscal, importaciones sin gravámenes, promoción a la exploración, amortización acelerada y tope de regalías provinciales. Sin embargo, la evidencia empírica arroja varios ejemplos en los cuales la LIM no ha logrado otorgar la estabilidad que presume, como tampoco mecanismos más eficientes para su funcionamiento e instrumentación.

VOCACIÓN TERRITORIAL

La vocación territorial se refiere al grado de legitimidad social o territorial que posee una actividad y/o proyecto. En el caso de la minería, a nivel global, lograr la legitimidad social es un desafío debido a que es una actividad poco visible para gran parte de la sociedad, ya que comúnmente las minas se encuentran alejadas de los centros urbanos, desarrollándose muchas veces en territorios con poca o nula experiencia minera, lo que representa un cambio en sus usos y costumbres. En general, no tiene una connotación positiva debido a los impactos socioambientales que usualmente se le asocian.

En la provincia de Mendoza, a partir del año 2005, se han observado reacciones sociales en contra del desarrollo minero, apoyadas en una arraigada conciencia social sobre la importancia del agua para el desarrollo productivo de los oasis agrícolas en el desierto. Esto llevó a considerar a la minería como una amenaza por la demanda de agua que requeriría y el riesgo de contaminación de sus ríos. Este temor no estaba asociado a la falta de legislación, pues el Departamento General de Irrigación regula y controla el uso del agua, sino a la desconfianza en los controles ambientales, o la carencia de ellos. Debido a esta preocupación, en el año 2007, se sancionó la Ley N° 7.722 que prohíbe el uso de ciertas sustancias químicas utilizadas en la minería metalífera.

Abordar este gran desafío involucra a la comunidad, los gobiernos y las empresas, y debe tratarse en forma respetuosa entre las partes, buscando que la comunidad se sienta protegida y partícipe del desarrollo de los proyectos mineros. La minería moderna y sostenible sabe valorar a la gente, a la comunidad y el territorio donde se desarrolla, y busca trabajar en forma mancomunada para mejorar esa relación y desarrollar políticas participativas y transparentes.